"Panamá papers": otra mirada

Por Hugo Caneo
Facultad de Economía y Negocios

Sumándose a la serie de filtraciones de información financiera, recordemos el caso del Banco HSBC el 2015, se ha conocido que diversos políticos, deportistas y empresarios a nivel mundial crearon sociedades en Panamá. Por de pronto la reacción mayoritaria ha sido de rechazo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se estima que tal práctica es éticamente reprochable e incluso ilegal.

Dicho lo anterior, quisiera agregar a ese primer racionamiento un: "depende". Puede ser ilegal si es que con la creación de tales sociedades u otro tipo de mecanismos, se procuró ocultar el origen ilegal de los fondos, evitar el cumplimiento de sanciones legales o evadir el pago de tributos exigibles.

Pero también puede ser un camino perfectamente válido e incluso a veces inevitable para invertir en el extranjero. Qué pasa si quiero evitar odiosidades, qué pasa si dineros que legítimamente produje y pagaron sus impuestos los destino al extranjero como un seguro en situaciones de turbulencia, qué pasa si hay oportunidades de inversión en el extranjero y quiero poder aprovecharlas rápidamente o qué pasa si quiero poder presentarme con el amparo de un país con un mejor riesgo de crédito. En tales casos, la creación de una sociedad en el extranjero es un vehículo de inversión y no un camino de ilegalidad, que permite desarrollar negocios y así crear valor. En suma, hay que analizar caso a caso antes de juzgar a priori una conducta como ética o carente de ella, legal o ilegal.

Dicho lo anterior, quisiera mencionar algo que nos debiera preocupar profundamente como miembros de esta comunidad que llamamos Chile. ¿Cuál es la o las razones que conducen a que sus miembros prefieran destinar sus dineros a inversiones a otros países o, en el caso de extranjeros, a invertir en paraísos fiscales o menos regulados, y no en Chile? ¿Por qué otros países son más atractivos para invertir que nuestro país? Por de pronto, digamos que para un chileno debería ser más fácil invertir en el país, tanto porque vive aquí como porque el costo de conocer el destino de inversión será menor.

La razón de esta preocupación, radica en que las inversiones fuera de Chile, ya sea de chilenos o extranjeros, no generan fuentes de trabajo en nuestro país, impiden que más PYMES puedan encontrar demanda a sus bienes o servicios y encontrar fácilmente trabajo si alguien lo pierde; frenan que Chile crezca a las tasas que necesitamos; dificultan el control de la inflación mediante una mayor oferta de bienes y servicios; y no genera competencia en el país, lo que facilita los casos de colusión. En suma, todo el bienestar que pudieron haber producido se gozan en otros países, pero no en Chile.

No es un llamado a ver cómo se retienen esos dineros, pues la experiencia muestra que con ello sólo se ahuyentan. Se trata más bien de cómo logramos convencer a extranjeros y chilenos que los inmensos recursos que Chile posee, pueden ser usados y mejorados con su inteligencia y dinero, y así hacer del país uno mejor, una tierra de oportunidades en la que no importa perder el trabajo pues resultará fácil encontrar otro o porque podré crear mi propia empresa que será exitosa porque es una buena idea, o porque los trámites burocráticos son pocos y bien pensados, así como porque es fácil encontrar financiamiento, el que parece que hoy está en cualquier otra parte, pero no en Chile.

"Panamá Papers": impuestos y sociedad 

Por Rodrigo Figueroa
Facultad de Ciencias Sociales

El debate sobre la desigualdad y la riqueza ha generado una significativa discusión en torno al diseño de los sistemas impositivos que gravan las riquezas personales o societarias. El caso de los “Panama Papers” vuelve a mostrar dicho problema y genera tres dimensiones para discutir.

Primero, es necesario mirar los casos de “offshore”, como el de Panamá, en las prácticas institucionales de países que aparentemente prohíben tales prácticas. Muchos países desarrollados y otros en desarrollo poseen diseños institucionales que favorecen que los grandes contribuyentes oculten su realidad, en cuanto a sus riquezas y a los sistemas impositivos.

En efecto, economías nacionales, en un contexto de globalización, han ido generando sus propios sistemas “offshore”, tal como es denunciado por “TaxJustice”. Países desarrollados, como Estados Unidos, son “paraísos fiscales” para sus propios grandes contribuyentes, y países emergentes o en desarrollo, como Uruguay o Chile, destacan en su región en términos de sus mecanismos institucionales que favorecen el secreto bancario.

Segundo, la forma en que ocultan las grandes riquezas personales denota el uso de mecanismos institucionales que facilitan la elusión tributaria. Los casos de “Penta” o “Soquimich” revelaron una serie de procedimientos institucionales que permitían operaciones con un impacto tributario negativo para el Estado, como la compra de autos para uso personal a través de sociedades de inversión.

Además, tales mecanismos hacen que las grandes riquezas personales tengan una menor carga impositiva. Muchos argumentan que tal conducta se explica por la ineficiencia del Estado en el gasto público, sin embargo, al mismo tiempo, esa acción asume que el Estado favorece una elusión institucionalizada de los impuestos entre los grandes contribuyentes.

Tercero, el caso de “Panama Papers” y los casos Penta-Soquimich revelan la importancia de las representaciones sociales relacionadas al diseño institucional referido a los sistemas impositivos. En efecto, más allá de su importancia sobre los procesos distributivos, los sistemas impositivos expresan la forma en que la riqueza se relaciona con la sociedad. El hecho de que las grandes riquezas aparezcan ocultas o invisibilizadas en cuanto a su real carga impositiva, genera desconfianza en otros grupos sociales y también la desafección de estos con los sistemas impositivos.

Al mismo tiempo, en el contexto reciente de los casos Penta-Soquimich el financiamiento privado de la política, a través de prácticas que implican la elusión o el abuso sobre los sistemas impositivos, genera una enorme duda respecto de cómo los legisladores representan la forma en que las grandes riquezas se deben relacionar con la sociedad.